sábado, 17 de marzo de 2018

En defensa de la Prisión Permanente Revisable



“El derecho penal es el derecho que tiene el soberano, con respecto aquél que le está sometido, de imponerle una pena por su delito” (Immanuel Kant)


En estos días ha tomado plena actualidad y protagonismo el debate sobre la prisión permanente revisable (PPR) y es mi intención en el presente texto argumentar las razones que me llevan a apoyar este tipo de pena.
Si bien la determinación de las clases de pena entra en el campo del Derecho Penal, no es menos cierto que es un ámbito difuso, donde la filosofía y la política tienen una importancia capital.
Pero antes de entrar en consideraciones morales y políticas dedicaré unas líneas a exponer someramente las distintas teorías e ideas sobre la finalidad del las penas.
En el bochornoso debate parlamentario del pasado jueves, el autor más citado por los intervinientes fue Cesare Beccaria. Este autor realmente es de una importancia capital pues con su libro de 1764 : “De los delitos y las penas”, da inicio al derecho penal moderno del que actualmente somos herederos.
¿Pero que dice este libro del que todo el mundo habla y seguramente nadie ha leído?
Pues lo siguiente:

  •  Sólo las leyes pueden decretar las penas contra los delitos y no la voluntad del juez.
  • La atrocidad de las penas es cuando menos inútil, si no perniciosa, y por tanto las penas deben dulcificarse al máximo.
  • La tortura debe abolirse, pues en muchos casos sólo sirve para condenar al débil inocente y absolver al delincuente fuerte.
  •  El fin de las penas no es atormentar ni a afligir, sino impedir al reo causar nuevos daños y retraer a los demás de la comisión de otros iguales.
  •  No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas.
  • Las penas deban ser proporcionadas a los delitos, pues si se destina una pena igual a delitos de diferente cuantía los hombres no encontrarán estorbo para cometer el mayor 
  •  La verdadera medida de los delitos es el daño a la sociedad.
  • Las penas deben ser las mismas para el primero que para el último de los ciudadanos, para los nobles que para los vasallos
  • La pena de muerte no es útil ni necesaria.
  • El poder legislativo debe estar separado del poder judicial. 
  •  La interpretación de la ley corresponde al legislador y no al juez
  •  Es necesario fijar plazos breves pero suficientes para la presentación e las pruebas, para la defensa del reo y para la aplicación de la pena.
  • Perfeccionar la educación constituye el medio más seguro, al mismo tiempo que el más difícil, de evitar los delitos.
Perdone el lector esta amplio resumen pero creo que antes de lanzarnos a la opinión es conveniente tener información.
Dos puntos me interesa especialmente destacar, el referido a “el fin de las penas no es atormentar ni a afligir, sino impedir al reo causar nuevos daños y retraer a los demás de la comisión de otros iguales”, donde se nos señala una función preventiva y de seguridad de la pena y  “no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas” donde nos advierte, yo creo que acertadamente, que el delincuente más que a la pena, teme a ser reconocido y cazado por su delito.
Siguiendo el camino abierto por Beccaria en el SXIX podemos destacar dos importantes teorías sobre el fin de las penas:

·         Teoría de la Prevención Especial: Enunciada por Von Liszt y que hace especial hincapié en evitar que el autor de la acción criminal vuelva a cometer el delito. Esta teoría evolucionará en las actuales ideas de reeducación y reinserción social del reo, para reintegrar al delincuente a la sociedad.

·         Teoría de la Prevención General: Enunciada por Feuerbach y que hace especial hincapié en la necesidad del efecto intimidante de la pena, evitando el delito antes de que produzca sus efectos sobre la sociedad

Si bien indudablemente es Beccaria la principal fuente de ideas sobre el derecho penal, hay una segunda fuente  menos conocida que pone las bases de la denominada Teoría Retributiva de las penas.
Y es que en 1798 Immanuel Kant publica “La Metafísica de las Costumbres” obra dividida en dos partes, una de las cuales trata el tema que nos ocupa: “Principios metafísicos de la doctrina del Derecho”
Para Kant el derecho establece “obligaciones perfectas” pues nos señala las normas que debemos cumplir y el objeto de las mismas. La obligación moral de respetar las leyes no nace de la libre voluntad sino como un mandato del soberano. Por el contrario, la moral establece “obligaciones imperfectas” pues al depender de la voluntad del individuo permite innumerables medios para alcanzar el fin moral propuesto.
Kant señala en relación al tema que estamos tratando: “La pena judicial no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que ha de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otro”
Siguiendo este principio quien comete una acción criminal debe ser castigado por esa acción, con independencia de las circunstancias que se produzcan a posteriori y sus consideraciones sociales o personales.
Si el hombre es un ser moral libre, es responsable de sus acciones y por lo tanto responsable de las consecuencias de las mismas. Cuando alguien comete un delito el mismo es responsable de su castigo. Kant señala: “Por tanto, cualquier daño inmerecido que ocasionas a otro en el pueblo, te lo haces a ti mismo. Si le injurias, te injurias a ti mismo; si le robas, te robas a ti mismo; si le pegas, te pegas a ti mismo; si le matas, te matas a ti mismo.”
Que la responsabilidad de la pena es del delincuente, es un principio simple que incomprensiblemente ha sido marginado del derecho penal.
Cosa distinta es la responsabilidad criminal  que hace referencia al grado de participación y culpabilidad en el delito y es enjuiciada por el juez y determinada en la sentencia.
La responsabilidad de la pena deriva de la condena y de mi responsabilidad como persona por incumplir la ley.
Una vez señaladas someramente las distintas teorías “puras” sobre la finalidad de las penas, hay que señalar el infinito número de teorías “mixtas” que sobre estas se han construido.
Siento haber sometido al lector a una lección resumida de derecho penal general, pero creo que es necesaria a la hora de poder desarrollar una argumentación racional, lejos de la demagogia de palabras gruesas y sentimientos descontrolados.
Y es que en un asunto como el que tratamos, no hay verdades absolutas y sobre este principio voy a iniciar mi exposición argumental.
Las diversas teorías sobre la finalidad de las penas no son excluyentes de forma que al poder ser complementarias,  resulta imposible determinar su mezcla adecuada más allá de la que cada autor o persona quiera conformar.
Yo puedo estar a favor de la idea kantiana de retribución en las penas, mientras que usted puede decantarse por el fin reeducador y un tercero por la de seguridad.
Y es que cada uno de nosotros es un legislador moral y como consecuencia, cada uno tenemos una idea de justicia.
Si el caso de Gabriel ha supuesto una conmoción nacional ha sido precisamente porque a la mayor parte de la sociedad española le ha removido en su interior un sentimiento de justicia e indignación.
Como escribe Adam Smith en su hermosa Teoría de los Sentimientos Morales:
 “Parece que la naturaleza nos dio el encono para la defensa y sólo para la defensa. Es la salvaguardia de la justicia y la seguridad de la inocencia”
Y es aquí de donde nace algo incontestable, que el derecho penal es el derecho que tiene el soberano, con respecto aquél que le está sometido, de imponerle una pena por su delito.
En una democracia son sus ciudadanos quienes conforman el soberano y sus representantes quienes tienen la obligación de representarlos. Si cada cual tiene derecho a considerar válida su idea de la pena y de justicia, todos estamos obligados a respetar las leyes.
En el campo de las leyes penales el derecho comparado no sirve de nada desde el mismo momento que cada soberano nacional es libre para determinar con acierto sus penas, con independencia de las opiniones personales de cada cual.
Así, yo puedo estar en contra de la pena de muerte como lo estaba Beccaria pero si un Estado democrático decide establecerla en su Código Penal, mi obligación será intentar convencer a una mayoría social mediante la palabra de que la pena de muerte no es una solución sino un problema.
Con la prisión permanente revisable sucede igual, es una pena que para algunos resulta odiosa y quieren su derogación, pero pretender imponer su opinión frente a todo un país resulta insensato y antidemocrático.
No son los políticos quienes deben dirigir la opinión pública sino la opinión pública la acción de los políticos. La idea del despotismo ilustrado de todo para el pueblo pero sin el pueblo, no es aceptable en democracia.
Y es que precisamente el PSOE que acusa constantemente al PP de gobernar de espaldas al pueblo, ahora se hace paladín de una idea penal que solo comparte una minoría. ¿Hasta cuando vamos a tratar al pueblo español como un menor de edad que no sabe lo que quiere?
En mi anterior post puede ver el lector lo que opino del PP, pero en este caso, aunque me duela admitirlo, junto con Ciudadanos, se ha puesto a la cabeza de un sentir ciudadano que efectivamente clama por una mayor dureza de las penas para delitos especialmente odiosos.
Muchos pensamos como Adam Smith: “El quebrantador de las leyes de la justicia debería sentir él mismo el mal que ha hecho a los demás; y como ninguna consideración del padecimiento de sus hermanos es capaz de refrenarlo, deberá ser abrumado por el miedo al sufrimiento propio”
¿Somos monstruos vengativos movidos por una ciega sed de venganza? No, somos una mayoría de seres sensibles que sentimos compasión por las víctimas inocentes y no sentimos ninguna por asesinos desalmados y sin escrúpulos.
Algunos papanatas incluso han acusado a las víctimas que piden la PPR de buscar la venganza  cuando precisamente la ley como norma general, es la negación de la misma.
Las víctimas, como una gran mayoría social pedimos justicia, y justicia es que los delincuentes, como consecuencia de sus acciones criminales, sufran castigo por ello. Si la PPR resulta finalmente constitucional, nada encuentro en ella de inhumano y degradante más allá del individuo que merece este castigo.
Yo en este escrito no voy a desarrollar nuevos razonamientos para convencer de que mi opinión a favor de la PPR es correcta, solo pongo mis palabras al servicio y la defensa de una mayoría silenciosa a la que una minoría pretendidamente “progresista”  denigra  y que, desde su mayoría en los medios de comunicación, se dedica a acusar de ignorancia y sed de venganza.
Estar a favor o en contra de la PPR es algo que nace de la individualidad personal y las convicciones morales de cada uno, como he señalado, es algo transversal que transciende lo ideológico. Se puede ser de izquierdas, de derechas, de centro o mediopensionista y estar en contra o a favor de la PPR.
Que nuestro sistema penal y penitenciario necesita una reforma en profundidad es algo que a estas alturas se hace evidente y puede que la PPR sea un simple parche para el cambio más profundo que necesitamos.
Hay que señalar, y me parece bien, que la PPR solo es aplicable a casos especialmente graves que afecta a una minoría de delincuentes; a día de hoy solo hay un condenado a PPR y lo es por haber matado a sus dos hijos con una radial.
Si la ley es precisamente un dique de defensa de los más débiles frente a los fuertes, la ley penal debe ser un escudo protector de los más vulnerables frente a los monstruos que pretendan hacerles daño.
Ojalá el PSOE recapacite y deje de ponerse al frente a una mayoría parlamentaria heterogenia para cercenar el derecho del pueblo a sentirse seguro.

sábado, 10 de marzo de 2018

La “Monarquía Presidencialista” de Rajoy



“Pero cuando el nudo social empieza a aflojarse y el Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares empiezan a adquirir fuerza y las pequeñas sociedades a influir sobre la grande, el interés común se altera y encuentra oposición.”(J. J. Rousseau)

Veo con terrible estupor como el gobierno del PP solo tiene un interés y un principio político: conservar el poder a cualquier precio.
La verdad es que el señor Rajoy ha retrotraído la teoría política a los tiempos de Maquiavelo, el poder ya no es un medio para llevar a la realidad ideas y programas políticos, simplemente es un fin en si mismo.
La nueva teoría Maquiarajoy solo tiene un pequeño fallo, y es que en tiempos de Maquiavelo el poder no tenía un origen popular y no dependía de algo tan molesto y engorroso como son los procedimientos electorales. 
El proceso de decadencia del sistema del 78 no solo no se ha detenido, sino que con la acción decidida de un gobierno sin iniciativa política y minoría parlamentaria,  cada día se profundiza más.
Yo mismo en el artículo titulado: "En defensa de la Constitución", he defendido que en la actual situación de crisis nacional que vive España no nos queda otra que postularnos en defensa de la Construcción por más imperfecta que esta sea.
Con sinceridad debo señalar que realmente el principal enemigo de la Nación Española no es el movimiento secesionista que continua desarrollándose en Cataluña, sino el gobierno que se reúne todos los viernes en Moncloa.
Puigdemont es un amigo de España si lo comparamos con el Sr Rajoy; cada día, este señor de barba canosa, para lograr su supervivencia política daña gravemente el interés nacional y a la sociedad en su conjunto.
Han tenido que pasar 40 años de turnismo político para que el sistema haya mostrado su total incoherencia en base a que el bipartidismo sobre que se asentaba, está muy debilitado.
Desde un punto de vista formal la Constitución señala expresamente en su artículo 1.3 “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.”,  pero la realidad es otra.
En un sistema parlamentario la centralidad institucional recae en el Parlamento, pero en España esto no es así; es el Gobierno y más en concreto su Presidente, quien concentra tanto la iniciativa legislativa como toda la actividad ejecutiva.
Realmente España no es una “Monarquía parlamentaria” sino una extraña forma de “Monarquía presidencialista”
El único momento en el que el parlamento pinta algo es en el de la elección del Presidente del Gobierno, una vez hecha esta elección,  ya no es más que una comparsa.
Todos los días se demuestra como un gobierno en minoría es capaz de paralizar la actividad del parlamento mientras que legisla mediante la opción del Decreto Ley.
Es capaz incluso de ignorar la obligación constitucional de la aprobación y control parlamentario sobre los presupuestos llegando a insinuar que es lícito gobernar prorrogándolos dos veces.
Es lamentable observar como la teoría de la separación de poderes formulada hace siglos tanto por Locke como por Montesquieu, es en España pura entelequia. Alfonso Guerra dijo una dolorosa verdad al señalar que Montesquieu había muerto; yo añadiría que no solo está muerto, sino que muy bien enterrado.
Todo hubiera sido mejor si nuestro constituyente hubiera dado en mirar la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789 donde en su artículo 16 se señala con claridad: “Una sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”
Así las cosas, en lugar de avanzar hacia una reforma legal que permita en lo posible corregir las deficiencias constitucionales, el camino ha sido el inverso, eliminar cualquier resto de independencia de los demás poderes del Estado frente al ejecutivo.
La reforma judicial no ha pretendido lograr una mayor independencia de la judicatura sino todo lo contrario, politizar hasta la nausea su máximo órgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.
Es triste ver como el PP y el PSOE han estado perfectamente de acuerdo en considerar que la democracia no es más que un sistema pacífico para repartirse el poder en lugar de un sistema de limitación del mismo y su pleno sometimiento a la voluntad del pueblo.
Llegados a este punto debemos señalar la innegable realidad de que los intereses del Gobierno del PP no solo son indiferentes, sino contrarios, a los intereses de los ciudadanos y a los de la nación.
Como buen jacobino y ferviente admirador de Jean Jacques Rousseau no puedo dejar de pensar que la base del gobierno popular y democrático radica en priorizar el interés general frente a los intereses individuales o de grupo. Como señala el ginebrino: “Parece adecuado dividir también la economía pública en popular y tiránica. La primera es la de todo estado en el que impera unidad de interés y voluntad entre el pueblo y los jefes; la otra existirá necesariamente allí donde el gobierno y el pueblo tengan intereses diferentes y, consiguientemente, voluntades opuestas.”
Ya he mencionado que el gobierno del Sr. Rajoy solo busca su propio interés de casta y aún resulta más insultante comprobar como para permanecer en él, están comprando con nuestro dinero voluntades que solo sirven a intereses particulares.
Esta semana el gobierno ha anunciado con trompetas y timbales acuerdos que en apariencia pudieran parecer aceptables pero que en realidad son la ruina de todos, incluidos los mismos que ahora parecen ser los favorecidos.
Subida de sueldo para la equiparación de Policía y Guardia Civil, subida para los funcionarios del 8%, ayudas al alquiler para menores de 35 años…
Puede que estas medidas sean de justicia, pero tomadas por un gobierno sin programa político y sin fuerza para aprobar unos Presupuestos Generales, con lisa y llanamente la compra de voluntades.
Estas subidas y subvenciones no olvidemos que salen del bolsillo de otros ciudadanos que no pertenecen a estos sectores y que con su dinero ahora pagan sobornos.
Estas subidas para ser de verdad justas, necesariamente deben formar parte de un plan general de reforma de la administración sobre la base de terminar con los chiringuitos funcionariales autonómicos y la legión de personal eventual puesto a dedo por el  político de turno. 
Dice Rousseau: “Toda sociedad política se compone de otras sociedades más pequeñas y de diferente especie, cada una de las cuales posee sus intereses y sus máximas. Pero tales sociedades, que todos pueden ver por su forma exterior y autorizada, no son las únicas que existen realmente en el estado: todos los particulares reunidos en torno a un interés común componen otras tantas sociedades, permanentes o pasajeras, cuya fuerza, aun siendo menos aparente, no es menos real, y cuyas relaciones, si se examinan con detenimiento, nos proporcionan el verdadero conocimiento de las costumbres. Se trata de todas aquellas asociaciones, tácitas o formales, que tan variadamente modifican las apariencias de la voluntad pública mediante la influencia de la suya propia. La voluntad de dichas sociedades presenta siempre dos tipos de relaciones: para sus propios miembros, es una voluntad general; para la gran sociedad, es una voluntad particular. Con frecuencia es una voluntad recta bajo el primer aspecto y viciosa bajo el segundo.”
Que los sindicatos de policía y de funcionarios estén satisfechos por sacar adelante estas mejoras es natural, defienden su interés; pero, ¿qué podemos pensar de un gobierno que se pliega a intereses particulares y no defiende el interés general?
Llegados a este punto, animo a los jubilados a plantear con fuerza su justa lucha por un subida de las pensiones conforme al IPC; si se organizan estoy seguro que este gobierno cobarde se lo concederá.
Toda cesión será posible mientras con ella el gobierno gane tiempo en el disfrute del poder; mientras, el interés nacional y el de la mayoría de los ciudadanos no organizados será completamente olvidado.
Incluso desde una óptica política más  liberal,  la actuación del gobierno es digna de ser considerada propia de alta traición. En el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, John Locke señala: ”Pues siempre que el poder que se ha depositado en cualesquiera manos par el gobierno del pueblo y para la preservación de sus propiedades, es utilizado con otros fines y se emplea para empobrecer, intimidar o someter a los súbditos a los mandatos abusivos de quien lo ostenta, se concierte en tiranía, tanto si está en manos de un solo hombre, como si está en las de muchos.”
Por mucho que nos repitan que la crisis ha terminado y que la abundancia está con nosotros, la verdad es que nuestro estado autonómico es insostenible, y no estamos lejos de llegar al momento en el que deberemos decidir entre mantener la mamandurria de  17 satrapías, o la sanidad, la educación y unas pensiones dignas.
Ha llegado el momento de pedir de verdad una reforma institucional para que España se consolide como una verdadera democracia donde los representantes del pueblo sirvan para algo más que elegir un Presidente de Gobierno cada cuatro años, con poderes casi ilimitados.
Piense el lector que a todos nos va mucho en esta reforma, porque ahora está Rajoy pero mañana podría estarlo cualquiera…. y con el poder que acumula el Presidente del gobierno cualquier cosa podría pasar.
Hitler cuando fue elegido Canciller de la Republica de Weimar tenía menos poder que el que hoy se maneja en Moncloa. Hitler necesito una Ley Habilitante, al Presidente del Gobierno de España le bastaría un Decreto Ley.
El gobierno está dividiendo la sociedad y el interés general de forma que cada sector social o de interés, quede desconectado de los demás.
Nuestros enemigos no son aquellos que han logrado sus objetivos, sino el gobierno que fomenta, ampara y protege la desigualdad para estar en el poder un mes más.
Desde estas líneas pido una convocatoria electoral para que el gobierno vuelva a ser el gobierno de todos y no una camarilla corrupta ávida de poder.