“Es la Constitución lo que quiero defender, la Constitución tal cual es.” (M. Robespierre)
En espera de conocer en todos sus términos el
contenido del fallo del Tribunal Constitucional en que se declara ilegal la
declaración del primer Estado de Alarma decretado por el gobierno, me siento
obligado a poner mi pluma al servicio de la Constitución, de la libertad y la
justicia.
No se pude permanecer callado cuando los que
defienden la conculcación de los derechos fundamentales y la autocracia, se
permiten atacar a la misma Constitución que legitima su poder.
Y es que lo sucedido sería suficiente para
hacer caer el gobierno, pero la muerte de la democracia va unida a la de una
opinión pública completamente anestesiada.
Como muy bien señala John Locke en su Segundo
Tratado Sobre el Gobierno Civil:
Este gobierno que se dice socialista y debería
declararse abiertamente liberticida ha actuado sin autoridad sobre los
ciudadanos, y lo que es aún peor, sobre las instituciones. Sobrepasando los
poderes propios del poder ejecutivo convirtió la declaración del estado de
alarma en una ley habilitante para con poderes excepcionales fuera del marco
legal imponer su voluntad.
Perdone el lector la dureza de mis palabras,
pero como ciudadano amante de la libertad, la igualdad, la justicia y la
virtud, me siento indignado al ver como mis derechos como ciudadano, han sido
violados por quienes deberían habernos defendido.
Pero mi asombro se hace infinito cuando desde
el mismo gobierno, los partidos que lo sostienen y todos sus esbirros
mediáticos no solo no se avergüenzan de lo que han perpetrado sino que se
permiten la desfachatez de criticar al Tribunal Constitucional.
La Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional señala:
Uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.
Dos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.
Así pues, atacar como se está haciendo al “intérprete supremo de la Constitución” por parte del gobierno, es abiertamente un ataque a los poderes constituidos y a la misma constitución.
Pero antes de seguir, debo poner de manifiesto las dos falacias, una formal y otra material, sobre las que el gobierno y sus apologistas basan su crítica al alto tribunal.
1) El Tribunal Constitucional se encuentra dividido
Es verdad que el Tribunal Constitucional ha
dictado sentencia con 6 votos a favor y 5 en contra, pero ello no quita el más
mínimo de legitimidad a la sentencia y a la razón jurídica en ella expresada.
Cuando tenemos unas normas de funcionamiento “a priori” aprobadas por una ley orgánica el
cumplimiento de la forma lleva a un resultado absoluto. La fuerza de la
sentencia es igual esta sea aprobada por 6 a 5 o por 11 a 0.
Resulta muy curioso que el gobierno que
impone su pequeña mayoría parlamentaria y pide constantemente el respeto a
las decisiones tomadas en el congreso,
cuando ve que un órgano constitucional decide por mayoría vea en ello un signo
de deslegitimación.
Solo aceptar las reglas de juego cuando le
favorecen a uno es signo de ser un pésimo jugador y de un resultadismo
sumamente peligroso.
Que haya magistrados que emitan un voto
particular es sano, pues nos permite también conocer la opinión y los
fundamentos de esa minoría. En ningún caso esos votos particulares son más
validos que la sentencia, como en algunos medios se pretende hacer entender. La
sentencia es la expresión de la voluntad del órgano, el voto particular la
expresión de la opinión de un individuo; dejo al lector que valore la
importancia de cada uno de ellos.
2) El estado de alarma era necesario y salvo muchas vidas
Nuestra constitución permite la suspensión de
ciertos derechos y por ello esa supresión puede ser legal si se hace conforme a
las normas. Así nuestra Constitución señala:
1. Los
derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19,
20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37,
apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos
previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el
apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
El miedo muchas veces nos lleva a pensar que
todo es válido, que el fin justifica los medios, y aprovechando la situación,
el gobierno asumió unos poderes que no le correspondían.
Pero nada hay más peligroso que el
utilitarismo y el relativismo aplicado a la política. Lo que diferencia a un demócrata
de un totalitario es precisamente que el demócrata en toda situación por más difícil
que sea no tomará atajos y cumplirá la ley por muy complicado que sea. Abraham Lincoln libro una guerra civil desde
la democracia, Winston Churchill libro una guerra mundial desde la democracia.
Si asumimos el utilitarismo como único
principio sin entender que la democracia es forma y fondo, entonces el camino
hacia la dictadura está abierto y lo ciudadanos aunque puedan conservar aún sus
derechos ya son esclavos, porque piensan como tal.
Bien lo
resumió Benjamin Franklin con su celebré frase: “Quien renuncia a su libertad por
seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”
Así pues igual número de vidas y de medidas podían
haberse tomado bajo un estado de excepción, salvo que ello hubiera requerido
estar sometido al parlamento y haber buscado el consenso. ¡Qué difícil es someterse
a la voluntad de los demás cuando uno se cree la reencarnación de Apolo!
Era necesario desmontar estas dos mentiras que tanto gusta repetir a los miembros del gobierno, y a sus voceros. Una mentira por mucho que se repita no pasa a ser verdad.
Si hoy he considerado importante salir en
defensa de nuestro Tribunal Constitucional es porque dado el grado de
degradación que vive nuestra democracia es necesario apoyar el orden
constitucional que aún nos queda, por muy deficiente que este sea.
Yo considero en el plano teórico que es mejor
sistema establecer el control de constitucionalidad de las leyes no en un
tribunal diferenciado, sino en una sala del tribunal supremo, igual que
defiendo un verdadero sistema de separación de poderes conforme a los
principios de una República Constitucional.
Pero si defendemos la constitución debemos también
defender su aplicación en todos los ámbitos y no solo en el que bendecía a los poderosos,
los acaudalados y los enchufados de la partidocracia.
Pedro Sánchez y su actual gobierno están demostrando
día a día que no tienen ningún respeto por nuestra democracia ni por nuestra
constitución, todo debe plegarse a sus intereses.
No tengo dudas de que este gobierno caerá en
cuanto haya elecciones, pero todo el daño hecho quedará como marca indeleble en
un sistema cada vez más autoritario.
Algo va muy mal en un país que ha permitido
que gente como Zapatero, Rajoy o Pedro Sánchez hayan llegado al poder. Quizás
ellos sean el efecto y no la causa de algo que no funciona en nuestro país.
Como decía el General Wellington: “Esperar
y ver”

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