Los indultos de la vergüenza

 

“Donde la ley acaba comienza la injusticia” (William Pitt)

Veo con indignación, asombro y estupefacción el debate que se ha suscitado sobre el posible indulto a los políticos catalanes condenados por rebelión.

Ya solo la toma en consideración por parte del gobierno de la concesión de un indulto a estos delincuentes condenados por el Tribunal Supremo es escandaloso. No solo supone una transgresión del sistema jurídico sino que atenta contra todo principio de justicia.

Y es que la existencia misma del derecho de gracia es muy cuestionable en un sistema democrático; es un anacronismo que proviene de los tiempos oscuros en los que todo el poder se reunía en el trono del monarca y donde la separación de poderes era una simple entelequia.

El mismo fundador del Derecho Penal moderno, Cesare Beccaria, en su libro “De los delitos y las penas”, ataca la existencia del derecho de gracia señalando acertadamente:

“Pero considérese que la clemencia es virtud del legislador, no del ejecutor de las leyes; que debe resplandecer en el códice, no en los juicios particulares; que hacer ver a los hombres la posibilidad de perdonar los delito, y que la pena no es necesaria consecuencia suya, es fomentar el halago de la impunidad, y manifestar que pudiéndose perdonar, las sentencia no perdonadas son más bien violencias de la fuerza que providencias de la justicia.”

En otro párrafo vuelve a señalar:

 “Sabio arquitecto, haga que su edificio se levante sobre las basas del propio amor, y que el interés general sea lo que resulte de los intereses particulares, para no verse obligado cada instante a separar con leyes parciales y con remedios tumultuarios el bien público del bien de cada uno, y a elevar el simulacro de la salud pública sobre el terror y sobre la desconfianza”

 Como bien dice el filósofo italiano, el indulto no solo no es un acto de justicia, sino un acto de injusticia sobre todos los condenados que no son indultados.  ¿Para qué queremos leyes y tribunales si el gobierno haciendo uso del indulto puede arbitrariamente absolver de la pena a quien le place?

El derecho de gracia, hijo de la arbitrariedad estamental, nos retrotrae en la actualidad a la época medieval en la que la sombra de la justicia dependía de la persona y no de las leyes.

Los derechos del ciudadano languidecen frente al súbdito amigo del gobierno, pues frente a las sentencias de los tribunales tendrá la impunidad del perdón del Consejo de Ministros.

Immanuel Kant en su Metafísica de la Costumbres siguiendo lo dicho por Beccaria dice también:

 “El derecho de gracia para el criminal, sea suavizando el castigo sea eximiéndole totalmente de él, es el más equívoco de los derechos del soberano, pues si bien prueba la magnificencia de su grandeza, permite, sin embargo, obrar injustamente en algo grado. En lo que respecta a los crímenes de los súbditos entre sí no le corresponde en modo alguno ejercer tal derecho; porque aquí la impunidad es la suma injusticia contra ellos.

Por tanto, sólo puede hacer uso de este derecho en el caso de que él mismo sea lesionado. Pero ni siquiera entonces puede hacerlo si la impunidad pudiera poner en peligro la seguridad del pueblo."

Una vez demostrado como a la lógica, a la moral y al derecho le repugna la existencia del derecho de gracia y ponen en duda su misma existencia, quiero ahora entrar en el caso concreto de los indultos de la vergüenza a los políticos catalanes.

Frente a la indignación pasional que arde sin control y muchas veces lleva a la frustración de la nada, yo pretendo en este texto mostrar una indignación racional, nacida del amor a los principios de la justicia, nacida del amor a mi país y como consecuencia, a sus leyes.

Cuando un gobierno pretende indultar a unos condenados por rebelión, en sí mismo se declara rebelde contra el pueblo al que  pretende ya no gobernar, sino sojuzgar y tiranizar.

En una democracia donde existen cauces pacíficos para que las pretensiones políticas puedan desarrollarse, no hay delito más grave que el de rebelión contra el Estado, pues no solo es un ataque al gobierno sino un ataque contra la democracia misma, un ataque contra todos los ciudadanos que vivimos sometidos a sus leyes.

Un indulto nunca es un acto de justicia, más bien es un acto de injusticia pues cuando las leyes son evadidas por la puerta de atrás, ¿qué confianza podemos tener ya en las justicia?

Cualquier condenado por delito común podrá pedir con  más razón y mejor derecho ser indultado.

La igualdad ante las leyes es uno de los principios sobre los que se asienta el estado de derecho y este gobierno con sus indultos pone es cuestión la igualdad misma.

En el momento que hay ciudadanos de primera, a los que se les aplica unas leyes y ciudadanos de segunda a los que se de facto se les aplican otras, ya no hay ciudadanos, ni tan siguiera república, hay nepotismo y tiranía.

Este indulto solo tiene razones políticas para ser concedido, la razón de mantener a Pedro Sánchez en el poder dos años más; ganar tiempo para disfrute del ególatra plagado de sí mismo.

¿Podemos asumir que una razón política pueda imponerse a la justicia y a la democracia?

Si al final el sistema institucional de contrapoderes no se impone y no se paraliza esta injusticia, el mismo sistema habrá muerto. Ninguna democracia puede sobrevivir mucho tiempo en el relativismo de la injusticia, la inmoralidad y la arbitrariedad.

Una vez que el Estado y su gobierno ha caído en el descredito más absoluto es casi imposible recuperar nada, más cuando hemos dado ejemplo de que robar un pan conduce a la cárcel pero declarar la secesión de un territorio te lleva a la mesa de negociación.

Ningún ciudadano de bien que ame la justicia y la democracia puede racionalmente apoyar la ignominiosa medida que este gobierno que se dice socialista va a aprobar. No se trata ya de ideología, de ser de izquierdas, derechas, progresista o reaccionario, se trata de justicia o injusticia, de ley o arbitrariedad, de igualdad o privilegios.

Por desgracia hay una lógica interna en todo esto, pues es una consecuencia racional que cuando quien dirige el gobierno carece de cualquier principio moral, el gobierno que dirige y las instituciones que controla, tampoco pueden tener ninguno.