“En todos los casos, mientras el
gobierno subsiste, el poder supremo será el legislativo; pues aquél que dicta
leyes a otro debe ser necesariamente superior a este” (John Locke)
Hay que reconocer que todo lo que
está ocurriendo con el desafío separatista en Cataluña está permitiendo que
asuntos de importancia capital pasen desapercibidos del escrutinio público; más
aún cuando resultan temas algo complicados como son los presupuestarios.
Es mi intención en el presente
texto poner de manifiesto como el actual Gobierno del PP está perpetrando un
auténtico golpe de Estado contra el orden constitucional que afecta
directamente a la esencia del equilibrio de poderes.
Y es que no se puede estar
defendiendo el orden constitucional en Cataluña y su Titulo VIII “De la organización
territorial del Estado” mientras se atenta abiertamente contra el
anterior, el Titulo VII: “Economía y Hacienda”.
Quienes nos vendieron la santidad
de una reforma ominosa y secreta de la Constitución en uno de los artículos
integrantes de este título, el artículo
135, ahora están incumpliendo de una forma
grosera el artículo 134.
El Señor Montoro que se llena la
boca con su Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y que con su particular
interpretación de la misma, ataca a los ayuntamientos, ahora se encuentra fuera de la
Constitución en materia presupuestaria.
La arrogancia y cinismo de este
individuo, le lleva a jactarse públicamente de
que no presentará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado hasta
que no consiga suficiente apoyo parlamentario.
El artículo 134.3 CE señala con claridad:
“El Gobierno deberá presentar
ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al
menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.”
Con independencia de si los
presupuestos serán o no aprobados por el Parlamento, la Constitución deja muy
claro que el Gobierno “deberá” presentar su proyecto presupuestario.
Pero el Gobierno del PP se pasa
la Constitución por el arco del triunfo para evitar hacer el ridículo y que el
Congreso rechace sus presupuestos antisociales y liberticidas.
Esto es gravísimo y demuestra de
facto que el actual Gobierno en minoría parlamentaria, ha decidido usurpar las
funciones de la representación nacional.
El artículo 66.1y 2 CE dice:
1. Las
Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso
de los Diputados y el Senado.
2.
Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias
que les atribuya la Constitución.
No podemos olvidar que la misma
esencia del sistema parlamentario está en el control presupuestario, si un
gobierno se salta este principio, está atacando el fundamento mismo de la
democracia.
En cualquier democracia avanzada
un gobierno que no es capaz de sacar
adelante unos presupuestos, está condenado a presentar su dimisión o en todo
caso, a proponer un adelanto electoral pues sin presupuestos, la acción del
gobierno se ve totalmente paralizada.
Pero cualquiera que vea estos
días los medios de comunicación puede llevarse la impresión de que la prorroga
de los presupuestos no solo no es un desastre, sino que es buena y positiva.
¿Cómo es posible que lo que lleva a la paralización del gobierno en todo
sistema parlamentario, en España resulte
positivo?
Es más, ¿cómo desde un gobierno
de supuesta base democrática se puede sugerir ni tan siquiera una segunda
prórroga presupuestaria?
La respuesta es clara, volviendo
a saltarse la Constitución y las leyes presupuestarias, atacando directamente
la soberanía nacional.
Llamo ahora la atención sobre el
uso y abuso que los gobiernos desde la aprobación de la Constitución vienen
haciendo del Decreto Ley pero que con el actual Gobierno ha llegado a cotas
inasumibles para un Estado que se presume parlamentario y democrático.
El artículo 86.1 y 2 señala:
1. En
caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes
y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral
general.
2. Los
Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere
reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El
Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su
convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un
procedimiento especial y sumario.
Queda en evidencia que los
constituyentes delimitaron el uso del Decreto Ley a casos de “extraordinaria y urgente
necesidad”, pero este primer párrafo parece que no existe y puede ser soslayado
por el simple elemento formal establecido en el punto 2. Volvemos a la indignidad de un Tribunal
Constitucional politizado que desde el principio no puso coto a la práctica
abusiva del Decreto Ley por parte del Gobierno.
Aún resulta más flagrante el
abuso que se comete al intentar legislar mediante el Decreto Ley materias presupuestarias y fiscales, pues
afectarían directamente al Titulo I
El mismo Tribunal Constitucional
no pudo seguir avalando el gobernar por decreto del PP y en su sentencia (STC
73/2017, de 8 de junio) declaró inconstitucional la amnistía fiscal
perpetrada por el Sr. Montoro en 2012, aunque solo tuvo efecto testimonial
cinco años después de cometida la tropelía tributaria.
Que este ministro haya continuado
después de esa sentencia, es algo inexplicable para cualquier persona que crea
en la moral política.
Ahora el gobierno pretende
saltarse la prórroga presupuestaria y hacer como si “no pasará nada”, mediante
los Decretos Ley. No solo no se mandan los presupuestos al parlamento, sino que
el gobierno de facto, decreta un nuevo presupuesto modificando los prorrogados,
algo completamente ilegal.
La Ley 43/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria en su artículo 38 señala lo que debería
suceder cuando hay una prórroga presupuestaria:
1. Si la
Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día
del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente
prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la
aprobación y publicación de los nuevos en el "Boletín Oficial del
Estado".
2. La
prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o
actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para
obligaciones que se extingan en el mismo.
3. La
estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de
la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en
que el presupuesto deba ejecutarse.
Es decir, que lo que pretende hacer
el Sr Montoro por Decreto Ley, como
sería subir el sueldo de los funcionarios, es abiertamente ilegal. Una subida
de sueldo a los funcionarios con un presupuesto prorrogado supone una
alteración del Capítulo 1 de Gastos y por lo tanto, una alteración de la
cuantía total que el artículo mencionado prohíbe taxativamente en su punto 3.
Y los funcionarios pueden dar
gracias a que la Constitución permite la prórroga automática del presupuesto
anterior, países como EEUU se ven obligados a cerrar la administración cuando
no hay acuerdo presupuestario en las Cámaras.
La modificación presupuestaria de
un presupuesto prorrogado abre las puertas del despotismo de un ejecutivo que
gobierna fuera de un control real por parte del parlamento.
La ratificación por parte del
Congreso de Decretos Ley no subsana su nulidad de origen respecto a las
materias que regulan, al ir contra la Constitución y la ley.
El gobierno del PP pretende hacer
populismo barato ya que, si bien, se ve incapacitado para tener una mayoría
parlamentaria que le apruebe unos presupuestos, sabe que ningún grupo político
se opondrá al Decreto Ley donde se ordene subir un 5% el sueldo de los
funcionarios.
Eso sí, después tendrían la
caradura de decir que por Decreto Ley no se puede hacer la equiparación de la
Policía y Guardia Civil con las policías
autonómicas.
Como decía Montesquieu: “No
hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y al calor de la
justicia”
El actual gobierno, en materia
presupuestaria, está claramente a la sombra de las leyes y ahora más que nunca,
debemos ponerlo en evidencia.
Mientras la corrupción devora las
entrañas del PP, el gobierno con el único ansia de escapar de la justicia
mediante el ejercicio ilimitado del poder, pretende perpetrar lo que he
titulado un “Golpe de Estado Presupuestario”, que le permita sobrevivir hasta
el 2020.
Muchos en la Derecha española se
llenan la boca con el “bien del pueblo” y la “estabilidad política”, cuando
simplemente para ellos el poder es un medio y un fin en si mismo.
Cuando un gobierno decide usar la
ley y la Constitución para su propio beneficio sin atender a límites y tratando
de sustraerse al control del Parlamento, el camino hacia lo peor esta expedito.
La tiranía siempre nace de este tipo de gobiernos cuya inmoralidad les permite
usar de todos los resortes del poder para su conservación.
Es muy triste observar como el Congreso
de los Diputados se encuentra paralizado sin capacidad para legislar mientras
un gobierno en minoría lo hace por decreto; el daño que se está haciendo a las
instituciones es muy grande, mucho mayor que el causado por la “crisis
catalana”, espero que en poco tiempo no debamos lamentarnos por ello.
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